La reforma de la Política de Ciudad, introducida por la ley de programación para la ciudad y la cohesión urbana de 21 de febrero de 2014, pretende garantizar la igualdad entre territorios, reducir las diferencias de desarrollo entre los barrios desfavorecidos y sus unidades urbanas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Estos objetivos se agrupan en lo que se conoce como "Contrato de Ciudad".